En la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, encontramos que “la recuperación de (esos) territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Está bien que el gobierno argentino haya situado entre las prioridades de su política exterior la demanda al Reino Unido de la reapertura del diálogo sobre la soberanía en Malvinas? ¿No es ésta una manera de reivindicar la ocupación militar de las islas decidida por la dictadura hace treinta años?
¿No estaremos exponiéndonos a costos innecesarios en nuestra relación con el país que ejerce hoy su dominación colonial sobre el archipiélago y con sus aliados? No está mal hacerse esas preguntas. Sirven para evitar los encandilamientos de las unanimidades nacionales y para que la discusión sea plenamente democrática.
Como flota en el ambiente la presunción de que los últimos movimientos diplomáticos del Gobierno tienen un sentido demagógico dirigido más a la política doméstica que a la cuestión de la soberanía, conviene mirar la Constitución Nacional. En la disposición transitoria primera encontramos que “la recuperación de (esos) territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. No hay, dentro de la democracia, ninguna perspectiva que pueda arrogarse una prioridad conceptual respecto de la norma constitucional; de manera que la eventual impugnación al desarrollo de gestiones diplomáticas de reivindicación de nuestra soberanía en Malvinas debería pasar, para tener credenciales democráticas, por la reforma de la Constitución. Por lo menos en esa disposición, para no herir susceptibilidades republicanas.
El debate político legítimo pasaría, entonces, por las formas que se utilizan para sostener ese “objetivo permanente e irrenunciable”. La novedad más importante al respecto es el acuerdo alcanzado en el Mercosur para prohibir el atraque en los puertos de sus países miembros -incluido Chile, país asociado del bloque- de buques con la bandera de las “Falkland”. Parece poca cosa la molestia de cambiar una bandera por otra pero, como afirmó el canciller Héctor Timerman, una bandera “no es un trapo”. No lo es, claramente, en términos simbólicos, por más que renieguen quienes creen que las patrias son restos arqueológicos de un mundo que ya no existe. Pero tampoco lo es en términos jurídicos: la utilización de las llamadas “banderas de conveniencia” (en este caso la de “Falklands”) permite reducir los costos operativos y fiscales de los buques civiles. A la consecuente desventaja económica que la decisión acarrea a los británicos hay que sumar el establecimiento de un antecedente concreto de no reconocimiento de la estatalidad de las “Falkland”, cuestión que es clave en el litigio por la soberanía; el Estado con el que la Argentina mantiene un litigio es el Reino Unido. De manera que la decisión constituye una actitud muy importante de nuestros vecinos y un éxito incuestionable de la diplomacia argentina.
No existe ninguna alternativa a la vía diplomática en el reclamo de Malvinas. A pesar del irresponsable vaticinio de algún hecho espectacular que el Gobierno estaría preparando para el próximo 2 de abril, cuando se cumplan treinta años del desembarco argentino en las Islas (Julio Blanck, Clarín, 21 de enero de 2012), el diferendo tiene su sede natural en los organismos internacionales correspondientes. A propósito, como denunció la Presidenta en la última reunión de la Asamblea General de la ONU, Gran Bretaña, miembro permanente del Consejo de Seguridad de esa institución, incumple sistemáticamente las resoluciones del Comité de Descolonización que exhortan a reabrir el diálogo entre ese país y el nuestro sobre la soberanía en Malvinas. Es curioso cómo se puede repudiar la guerra como modo de resolución de conflictos territoriales y, al mismo tiempo, reivindicar sus resultados como fuente exclusiva del derecho de los vencedores.
Es inevitable que las actuales tensiones con el gobierno británico reaviven la memoria de aquel otoño de 1982. Ese fantasma cargado de excitación masiva, dolor profundo y frustración final parece inseparable de cualquier discusión política sobre Malvinas. Es muy importante la separación conceptual que hizo la Presidenta en su primer mensaje, después de reasumir sus funciones, entre la aventura de la dictadura militar orientada a garantizar su perpetuación en el poder y la reivindicación de la soberanía nacional en las Islas. No cambia en absoluto la cuestión el hecho innegable de la masividad de los apoyos populares que recogió la operación de abril de 1982; éste es un tema que merecería un tratamiento más serio que la descripción de aquellas multitudes como rebaños irresponsables arrastrados por la manipulación de un grupo de dictadores. La guerra de Malvinas no fue la única ni la última guerra en el planeta; el nacionalismo argentino no es el único ni el peor nacionalismo de la tierra.
No estaría demás indagar qué símbolos, qué representaciones, qué mitologías movilizó el episodio del 2 de abril de aquel año, aún entre personas que repudiaban inequívocamente a la dictadura militar. Pasadas tres décadas de aquellos acontecimientos podríamos intentar también una reflexión sobre lo que significó, una vez recuperada la democracia, la llamada “desmalvinización”. Acaso encontraríamos en ese explicable sentimiento de culpa colectiva por el entusiasmo nacionalista de 1982 algunas huellas que, extendidas en el tiempo, nos llevaron a otro entusiasmo desdichado: el que acompañó las púdicamente llamadas “reformas estructurales” que desnacionalizaron nuestra economía, quebraron nuestra industria y desembocaron en una de las más graves crisis sociales de nuestra historia. Podemos sentirnos personalmente más o menos involucrados en cada uno de esos entusiasmos: en tanto sociedad estamos obligados a asumirlos colectivamente.
Lo que está en discusión con las Islas Malvinas es el nacionalismo. Desde las trincheras neoliberales, se lo ha consagrado como el padre de todas nuestras desdichas, el responsable por las dictaduras, por la guerra, por el subdesarrollo. Y la condena sumaria del nacionalismo no pertenece solamente a las derechas. También los progresismos parientes de la tercera vía han tomado la bandera del cosmopolitismo. Han creído ver en los impulsos globalizadores el final de los estados nacionales, el agotamiento de las soberanías y la llegada del tan ansiado “mundo uno”. El paisaje que hoy nos muestra el mundo “realmente existente” no podría ser más contrastante con esa discutible utopía cosmopolita. ¿Qué es si no nacionalismo agresivo y extremo la política exterior de Estados Unidos después de los atentados de septiembre de 2001? ¿No hay en los países de Europa vientos de nacionalismo indignado contra la imposición de rumbos económicos, sociales y políticos no sujetos a ningún escrutinio popular? ¿No es el nacionalismo lo que de algún modo une a experiencias políticas en otros sentidos tan diversas en América Latina?
Si el nacionalismo debiera ser condenado por las consecuencias dañinas de las experiencias históricas desarrolladas en su nombre no le iría mejor a ninguno de los frutos ideológicos de los últimos siglos de historia, el liberalismo incluido. Por su parte, no puede dejarse de lado que hasta hoy no ha existido ninguna otra sede para el ejercicio de la democracia fuera de los estados nacionales. Entre soberanía nacional y soberanía popular parece haber lazos históricos hasta ahora no superados, a no ser que atribuyamos curiosas virtudes democráticas a las exigencias constitucionales que los poderosos de Europa imponen a los pueblos de los países en crisis o al autoatribuido derecho de Estados Unidos de hacer la guerra preventivamente en cualquier lugar del mundo.
Probablemente, como se ha afirmado, la recuperación de Malvinas sea una empresa costosa. Despejadas las fantasías de la guerra, quedan los costos diplomáticos y políticos que todo litigio conlleva. Para el liberalismo cosmopolita se trata de costos innecesarios a pagar por unas islas lejanas y sin importancia. La existencia de una fortaleza militar británica a pocos centenares de kilómetros de nuestro territorio continental no merece desde esa mirada preocupación alguna. Tampoco la explotación colonial de importantes recursos naturales. Opino que una perspectiva democrática y patriótica debe contener el componente de la integridad territorial defendida por caminos legales y pacíficos.  

Por Edgardo Mocca
Publicado en el último número de la revista Debate.