La evolución y sustentabilidad de un país están basadas en la disponibilidad y producción de energía para satisfacer las necesidades de desarrollo de su aparato productivo; sin energía abundante y asegurada en todo momento, no habría posibilidades reales de crecimiento.

Esa energía deberá ser lo más barata posible, con el fin de permitir ventajas competitivas para los bienes producidos localmente y que desean ser colocados en los mercados local e internacional.
Estos últimos conceptos son contradictorios con la razón de ser de las empresas energéticas privadas, principalmente extranjeras, ya que sus objetivos únicamente tienden a maximizar sus beneficios en el menor tiempo posible (y transferirlos a la casa matriz en el caso de las extranjeras), mediante la concentración y centralización del capital. En la búsqueda de esa meta, no se considera importante la explotación racional de los recursos naturales estratégicos no renovables, como el petróleo y el gas natural, ni el desarrollo sostenible del país, ni el aseguramiento de la disponibilidad a futuro, y mucho menos la protección de las futuras generaciones.
Por consiguiente, se hace imprescindible que el Estado nacional no esté ausente en la gestión del mercado ampliado de la energía y en la planificación de la disponibilidad a largo plazo de la energía necesaria para el crecimiento y desarrollo de Argentina. Ello no quiere decir que se deba prescindir de la actividad privada, pero deberá encauzarse dentro de los lineamientos estratégicos y controles que un Estado planificador debe asegurar.
En ese sentido, el gobierno nacional ha gestionado estratégicas inversiones durante el período 2003-2011, equivalentes a unos 73.448 millones de pesos (74 por ciento corresponden a inversiones públicas) en obras ya finalizadas de infraestructura energética: 8.600 millones de pesos para ampliar el sistema de transporte de gas natural, 42.448 millones de pesos para incrementar la oferta de generación de electricidad y 12.400 millones de pesos para expandir el sistema de transporte de energía por alta tensión. A modo ilustrativo, podemos destacar la finalización de obras en la hidroeléctrica Yacyretá y en la central nuclear Atucha II, la construcción de nuevas usinas termoeléctricas, hidroeléctricas y parques eólicos, gasoductos regionales y la interconexión eléctrica de todo el país. Actualmente se encuentran en ejecución y/o próximas a realizar inversiones por 52.358 millones de pesos adicionales.
Las actividades del upstream (exploración, extracción y transporte) y donwstream (industrialización y comercialización) de los hidrocarburos se encuentran desde 1992 bajo la total gestión del sector privado. Si bien el remanente de las reservas comprobadas de petróleo y gas natural registradas a fines del año 2010 muestran un incremento del 20,4 por ciento y 2 por ciento, respectivamente, como resultado de los incentivos ejecutados por el Ministerio de Planificación Federal, la extracción de petróleo disminuyó, entre enero y noviembre de 2011, 6,4 por ciento; y la de gas natural, 2,3 por ciento, en relación a igual período del año anterior. Situación más preocupante se observa en el segmento de refinación de petróleo, mostrando en 2011 una caída del 13,3 por ciento respecto al año anterior, debiéndose cubrir las necesidades del mercado local con la importación de algunos combustibles líquidos. A ello debe sumarse que la capacidad instalada de refinación se ha incrementado miserablemente en las últimas décadas; actualmente se encuentra saturada y las compañías petroleras no muestran interés por invertir en nuevas plantas de refinación.
En 2012 se cumplen noventa años de la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Durante su gestión estatal a lo largo de setenta años (1922-1992), YPF expandió la oferta y producción de energía en todas sus formas, diversificó el suministro eléctrico y brindó energía abundante y barata. Ello sirvió para configurar un aparato productivo industrial y tecnológico de gran importancia a nivel regional. En 1992 se inició la primera etapa de privatización del principal activo estratégico del país, y en 1999 finalizó dicho proceso, quedando la empresa en manos de la española Repsol. El Estado percibió ingresos por la privatización de YPF entre 1992 y 1999 por 20.269 millones de dólares, correspondiendo 15.169 millones de dólares a la adquisición realizada por Repsol en 1999. Al 30 de octubre de 2011, la distribución del capital accionario de YPF S.A. era la siguiente: 57,4 por ciento Grupo Repsol YPF, 25,5 por ciento Grupo Petersen y 17,1 por ciento Capital Flotante (el Estado argentino es poseedor de la Acción de Oro de YPF). Según los “Estados Contables al 30 de setiembre de 2011 y Comparativos” de YPF S.A., el Patrimonio Neto de la empresa era de 20.763 millones de pesos (US$ 4.762 millones con dólar a $ 4,36).
YPF es hoy un importante productor de hidrocarburos en el país: 34 por ciento del petróleo y 23 por ciento del gas natural (al momento de su privatización en 1992 estaba a cargo del 62 por ciento de la extracción hidrocarburífera en forma directa). Es una empresa que se encuentra integrada completamente en el circuito productivo de los hidrocarburos. Posee tres refinerías, dos de ellas las más grandes del país: La Plata (28.000 m3/diarios), Luján de Cuyo (20.000 m3/diarios) y Plaza Huincul (4.600 m3/diarios), más el cincuenta por ciento del paquete accionario de la refinería de Campo Durán (4.500 m3/diarios). Es decir, concentra el 54 por ciento de la capacidad instalada de refinación de crudo del país y el 55,4 por ciento de la oferta de combustibles líquidos obtenidos de la refinación local de petróleo. De los principales subproductos obtenidos por refinación, se destacan las siguientes concentraciones de mercado por parte de YPF: 59,2 por ciento Aerokerosene (Jet), 96,4 por ciento Bases Lubricantes, 58 por ciento Butano, 73 por ciento Propano, 79,3 por ciento Kerosene, 25,3 por ceinto Fuel Oil, 61,9 por ciento Gas Oil, 53,3 Nafta Súper, 61,9 por ciento Nafta Ultra y 60,6 por ciento Nafta Virgen, según datos de 2011 de la Secretaría de Energía de la Nación.
Considerando que los hidrocarburos satisfacen casi el noventa por ciento de las necesidades energéticas de la economía nacional, se hace imprescindible que el Estado Nacional nacionalice YPF S.A., pues ello le permitirá convertirse en un importante agente económico formador de precios de los combustibles líquidos comercializados en el país, y garantizar el suministro actual y la disponibilidad futura de los mismos a los ciudadanos argentinos. Igual para el horizonte de reservas de petróleo y gas natural, directamente vinculadas a nuestra seguridad económica, es decir, seguridad nacional. Esa es la razón de ser de una empresa pública, y ello significa aplicar “sintonía fina” en materia energética.

Por Federico Bernal y Ricardo de Dicco
Directores del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas (CLICET). Publicado en el último número de la revista Debate.